Morelia, Michoacán, 15 de octubre de 2026. El diputado Toño Carreño Sosa reconoció las fortalezas del marco jurídico de Michoacán tras la aprobación de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que armoniza sus disposiciones con la legislación general e incorpora estándares internacionales de derechos humanos. Sin embargo, señaló que la aprobación no debe significar un cheque en blanco para el gobierno.
El legislador de Movimiento Ciudadano afirmó que, como oposición, tiene la obligación de señalar lo que aún debe atenderse para que la ley no se convierta en una promesa escrita que las instituciones no puedan cumplir. Señaló que el ordenamiento debe acompañarse de presupuestos suficientes, personal capacitado, vehículos, laboratorios y tecnología para realizar las búsquedas, y no limitarse a la creación de unidades especializadas.
Carreño Sosa indicó que las búsquedas deben comenzar de inmediato, sin prejuicios ni obstáculos burocráticos, con protocolos claros, coordinación efectiva y consecuencias para los servidores públicos que incumplan sus obligaciones. Añadió que cada demora injustificada puede profundizar el sufrimiento de una familia y comprometer las posibilidades de encontrar a la persona desaparecida.
El diputado también exigió garantizar la seguridad de quienes buscan, con mecanismos de prevención, protección y respuesta inmediata ante amenazas. Asimismo, pidió transparencia y rendición de cuentas con indicadores públicos y evaluación independiente, en la que participen las familias y los colectivos. “Ninguna familia debería buscar sola, y ninguna autoridad debería olvidar que encontrar a una persona desaparecida es una obligación del Estado, no un favor”, concluyó.
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