Morelia, Michoacán, 19 de febrero de 2026— La diputada local Fabiola Alanís afirmó que la reforma constitucional que prohíbe la contratación de deuda pública a largo plazo en Michoacán fortalece la estabilidad financiera del estado y permitirá destinar mayores recursos a la generación de empleo, atracción de inversión y apoyo a pequeñas y medianas empresas, informó el Congreso del Estado.
La legisladora del grupo parlamentario de Morena señaló que durante años, el pago de intereses y amortizaciones de deuda heredada representó una presión para las finanzas estatales, limitando la capacidad de inversión productiva. “Cada peso que se iba al pago de intereses era un peso que no se invertía en empleo, en incentivos para emprendedores o en fortalecer a nuestras empresas locales”, expresó.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Finanzas, en ejercicios recientes el estado destinó más de 6 mil millones de pesos anuales al servicio de la deuda pública heredada. La reforma, impulsada por el Ejecutivo estatal y aprobada por el Congreso, establece candados constitucionales para impedir que futuras administraciones comprometan recursos más allá de su periodo de gestión.
Alanís explicó que la disminución progresiva de esta carga financiera permitiría crear programas de incentivos para pequeñas y medianas empresas, fortalecer cadenas productivas regionales, impulsar créditos y apoyos a emprendedores, atraer inversión nacional y extranjera, y generar condiciones para la creación de empleos formales.
La diputada subrayó que el objetivo de la reforma no es únicamente evitar el endeudamiento, sino reorientar los recursos públicos hacia fines productivos y sociales. “Vamos a transitar de un modelo donde el dinero público terminaba en instituciones financieras, a uno donde ese capital puede transformarse en empresas, en empleos y en bienestar. Es convertir la estabilidad financiera en crecimiento económico con justicia social”, afirmó.
Asimismo, destacó que el blindaje financiero garantiza certeza para inversionistas y empresarios al enviar una señal de disciplina fiscal y responsabilidad presupuestal en Michoacán, en el marco de la política de “prosperidad compartida” impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
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