Ciudad de México, 8 de enero de 2026.– El documento titulado “Reforma Electoral: Decálogo de Principios” plantea una serie de ejes rectores para modificar el sistema democrático en México, estableciendo como prioridad la búsqueda de consensos amplios para evitar que las reglas electorales sean modificadas unilateralmente por mayorías temporales. La propuesta establece que la conformación de los órganos legislativos se realice bajo un principio de proporcionalidad pura en la Cámara de Diputados, Congresos locales y el Senado con el objetivo de eliminar la sobrerrepresentación, además de sugerir el blindaje constitucional del Instituto Nacional Electoral (INE) como un órgano autónomo que defienda la permanencia del Servicio Profesional Electoral.
En materia de seguridad, el decálogo señala que el Estado debe garantizar el control territorial para impedir la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales, permitiendo que la Guardia Nacional participe bajo protocolos de seguridad pública coordinados con la autoridad electoral para proteger la libertad del voto sin intervenir en la competencia política. Respecto al financiamiento, la propuesta defiende el uso de recursos públicos para mantener la equidad y evitar la captura del sistema por intereses económicos o ilícitos, planteando para ello una fiscalización reforzada en tiempo real y la coordinación obligatoria entre el INE, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR).
El documento también describe un modelo para institucionalizar las coaliciones políticas mediante el registro obligatorio de plataformas comunes antes de las elecciones y propone la implementación de una segunda vuelta electoral para cargos ejecutivos con el fin de fortalecer la legitimidad de los gobiernos resultantes. Finalmente, el texto establece la necesidad de separar estrictamente la política social de la competencia electoral para evitar que los programas sociales sean utilizados para coaccionar el voto, sugiriendo controles específicos en la calendarización de la dispersión de recursos públicos durante los periodos de campaña.
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