Morelia, Michoacán, a 18 de diciembre de 2025.– El dirigente estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, expresó su respaldo a la iniciativa de reforma constitucional presentada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. La propuesta tiene como eje central prohibir que las administraciones estatales adquieran deuda pública que trascienda su periodo de gestión. Según el dirigente, esta medida busca proteger la soberanía financiera de la entidad y evitar que el futuro de los ciudadanos sea comprometido por decisiones de gobiernos anteriores.
Diagnóstico de la deuda y disciplina financiera
Mora González fundamentó la necesidad de la reforma basándose en el comportamiento crediticio de la entidad en las últimas décadas:
- Incremento desmedido: En los últimos 25 años, la deuda pública de Michoacán registró un aumento del 640 por ciento.
- Afectación al desarrollo: El crecimiento de los compromisos bancarios ha limitado históricamente la capacidad de inversión y el progreso económico del estado.
- Inversión sin crédito: Durante la actual administración estatal, se han ejercido más de 40 mil millones de pesos en infraestructura y obra pública sin contratar nuevos financiamientos.
- Modelo de gestión: El dirigente subrayó que estos resultados demuestran la viabilidad de gobernar con disciplina, transparencia y responsabilidad financiera.
Objetivos y protección del patrimonio
La dirigencia de Morena destacó que la reforma constitucional permitirá alcanzar los siguientes beneficios estructurales:
- Finanzas sanas: Consolidación de la estabilidad económica estatal mediante el ordenamiento presupuestario.
- Protección generacional: Evitar prácticas que hipotecan los recursos públicos y comprometen el bienestar de las futuras generaciones.
- Patrimonio estatal: Establecer un blindaje legal para los recursos de las y los michoacanos frente a intereses particulares o prácticas de endeudamiento irresponsable.
Compromiso político y legislativo
Jesús Mora González confirmó que la estructura estatal de su partido acompañará el proceso legislativo de la iniciativa. Calificó la propuesta como un paso decisivo para transitar hacia un nuevo modelo de manejo de la deuda pública, donde prevalezca la ética y la eficiencia administrativa. Afirmó que la transformación de Michoacán requiere leyes que impidan el retorno a esquemas financieros que priorizaban el pago de intereses sobre los derechos sociales y la inversión productiva.
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