Morelia, Michoacán, 25 de febrero de 2026. La diputada Grecia Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura local, presentó una iniciativa para crear el Registro Estatal de Personas Docentes Sancionadas por Acoso y Abuso Sexual en el Ámbito Educativo en Michoacán, con el objetivo de prevenir la reincidencia y garantizar entornos escolares seguros, informó la legisladora.
Desde tribuna, Aguilar Mercado subrayó que el derecho a la educación implica garantizar que las escuelas sean espacios seguros, libres de violencia y de miedo. Señaló que cuando un menor sufre acoso o abuso en el entorno escolar, no solo se vulnera su integridad, sino que se afecta su desarrollo emocional y su confianza en la autoridad.
La legisladora advirtió que los registros nacionales muestran una tendencia preocupante en violencia en contextos escolares y que existe un alto subregistro en delitos sexuales debido al miedo, la vergüenza y la desconfianza institucional. En Michoacán, apuntó, distintas mediciones revelan que un número significativo de mujeres ha vivido algún tipo de violencia en el ámbito escolar.
La propuesta contempla la creación de un registro administrativo, confidencial y de uso exclusivamente institucional, que incluirá únicamente a personas con resoluciones administrativas firmes o sentencias penales ejecutoriadas, sin integrar denuncias en trámite para no vulnerar la presunción de inocencia ni el debido proceso.
Con la reforma se establece que, antes de contratar, recontratar o reasignar personal docente, las autoridades educativas deberán consultar obligatoriamente este registro, para impedir que una persona previamente sancionada cambie de plantel, municipio o subsistema sin verificación previa.
La coordinadora parlamentaria enfatizó que la iniciativa no va en contra del magisterio, sino que protege y dignifica la labor de la mayoría de maestras y maestros que ejercen con ética y vocación.
Finalmente, llamó a los legisladores a respaldar la propuesta, al afirmar que proteger a la niñez y adolescencia es una obligación constitucional y moral que no admite omisiones.
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