Morelia, Michoacán, 26 de febrero de 2026. La diputada Fabiola Alanís presentó ante el Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura una iniciativa de reforma al delito de cohabitación forzada establecido en el Código Penal del Estado, con el objetivo de cerrar brechas de impunidad y ampliar la protección de niñas y adolescentes frente a matrimonios y uniones infantiles.
Durante su intervención, la legisladora reconoció avances en derechos humanos de mujeres, adolescentes y niñas, pero advirtió que persisten pendientes en la erradicación de uniones forzadas. Recordó que desde 2019 el matrimonio infantil está prohibido en el país, aunque ha sido evadido mediante uniones informales, religiosas o justificadas en usos y costumbres.
De acuerdo con datos del Censo 2020, Michoacán es la tercera entidad con mayor tasa de matrimonios y uniones infantiles, solo por debajo de Chiapas y Guerrero. Más de 13 mil niñas y adolescentes en el estado están casadas o viven en unión libre, lo que representa 55 por cada mil en este grupo de edad.
Alanís subrayó que en 73 municipios la tasa supera el promedio estatal, y en seis municipios la incidencia duplica la media, con más de 100 casos por cada mil niñas y adolescentes.
La iniciativa propone sanciones para quienes se beneficien directa o indirectamente de estas prácticas, e incorporar como agravante la relación de parentesco o autoridad en abuso de poder. Plantea un enfoque interseccional con atención a víctimas de pueblos indígenas o afromexicanos, y en condiciones de discapacidad, migración o refugio.
La propuesta establece que el delito se persiga de oficio y que se dicten medidas inmediatas de protección y reparación integral para las víctimas.
“Esta reforma no busca endurecer penas, sino garantizar que la ley se cumpla y que ninguna práctica formal o informal siga vulnerando los derechos de nuestras niñas y adolescentes”, afirmó la legisladora.
holamorelia
