Morelia, Michoacán, 12 de marzo de 2026. La diputada y coordinadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado, Sandra Arreola Ruiz, presentó un posicionamiento para impulsar la denominada “Ley Cazzu” , una iniciativa que busca garantizar el derecho a la movilidad de niñas, niños y adolescentes cuando exista abandono parental, informó la legisladora.
Durante su intervención en tribuna, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Arreola Ruiz reconoció el esfuerzo de las madres jefas de familia, a quienes calificó como uno de los pilares más importantes de la sociedad mexicana. “Quiero comenzar reconociendo y honrando a las mujeres más luchonas, más trabajadoras y más fuertes que tiene nuestro país: las madres jefas del hogar”, expresó.
La legisladora señaló que en Michoacán existen más de 1.3 millones de mujeres que son madres, y advirtió que una gran parte de ellas enfrenta la crianza de sus hijos sin el apoyo del padre. Destacó que más de 410 mil hombres son deudores alimentarios que han abandonado sus responsabilidades parentales.
Arreola Ruiz explicó que actualmente muchas madres enfrentan obstáculos legales para realizar trámites fundamentales para sus hijos, como la obtención de pasaportes o permisos de viaje, debido a que la ley exige la autorización del padre, incluso cuando este no participa en la crianza ni cumple con sus obligaciones. “Quien cuida, quien educa y quien sostiene el hogar tiene que pedir permiso, mientras quien decidió no estar conserva el poder de decir que no”, subrayó.
La propuesta, conocida como “Ley Cazzu” , toma su nombre de un caso mediático que visibilizó las dificultades que enfrentan muchas mujeres para realizar trámites de movilidad de sus hijos tras una separación, cuando el padre es ausente o deudor alimentario.
La iniciativa plantea que el Congreso de Michoacán remita al Congreso de la Unión una reforma al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar el derecho a la movilidad de menores cuando exista abandono parental, con el interés superior de la niñez como criterio central. También propone establecer mecanismos ágiles para que quien ejerce la guarda y custodia pueda obtener autorizaciones de movilidad cuando el otro progenitor haya incumplido reiteradamente con obligaciones de crianza, alimentos o convivencia.
“La patria potestad no puede seguir utilizándose como un instrumento de control cuando las responsabilidades que le dan sentido han sido abandonadas”, enfatizó Arreola Ruiz, quien concluyó: “Que todos los padres deudores e irresponsables nos escuchen: si abandonan, nunca más tendrán el poder para decidir sobre la vida de quienes sí merecen todas las oportunidades”.
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