Morelia, Michoacán, a 17 de diciembre de 2025.– El Congreso del Estado aprobó una reforma constitucional que establece el derecho humano a un medio ambiente sano y prohíbe formalmente el maltrato animal en la entidad. La iniciativa, promovida por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), mandata la protección de los ecosistemas y la biodiversidad bajo criterios de responsabilidad compartida entre los tres niveles de gobierno y la ciudadanía.
Ejes fundamentales de la reforma
De acuerdo con la fundamentación presentada por la diputada Sandra Arreola Ruiz, presidenta de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, los cambios constitucionales incluyen:
- Derecho Humano: Reconocimiento explícito al acceso a un entorno saludable y sostenible para el desarrollo social.
- Protección Animal: Prohibición expresa de actos de crueldad y maltrato, obligando al Estado a garantizar el trato digno a especies domésticas y silvestres.
- Vigilancia Ambiental: Fortalecimiento de mecanismos para combatir la deforestación y la contaminación de recursos naturales.
- Participación Ciudadana: Fomento de la colaboración de los habitantes en la preservación y restauración de zonas naturales.
Postura institucional y técnica
La legisladora Sandra Arreola Ruiz afirmó que este dictamen busca integrar la sustentabilidad como eje central del desarrollo económico estatal. Subrayó que el trabajo en comisiones permitió construir acuerdos ante la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la degradación del suelo. La reforma obliga a las autoridades a emplear tecnologías de geoprocesamiento para el seguimiento de daños ambientales y la gestión de recursos.
Alcance y vanguardia legislativa
Con esta aprobación, el marco jurídico de Michoacán se alinea con estándares nacionales de protección a la vida. Arreola Ruiz destacó que legislar bajo estos principios representa un acto de justicia social y ambiental frente a los desafíos de las generaciones actuales. El Congreso local determinó que estas medidas operarán bajo principios de transparencia y rendición de cuentas para asegurar que las políticas públicas estatales respeten el equilibrio ecológico de la entidad.
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