Morelia, Michoacán, 12 de marzo de 2026. El pleno del Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental que faculta al Estado, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente, los municipios y las instancias competentes, para promover acciones de conservación, restauración y educación ambiental sobre los ecosistemas hídricos, considerando su importancia ambiental, social, cultural y económica, informó el diputado Juan Carlos Barragán Vélez, promovente de la iniciativa.
La reforma, que adiciona el artículo 104 Bis a la citada ley, busca atender no sólo un problema ambiental, sino garantizar la protección de un patrimonio natural y cultural que constituye la base del desarrollo sostenible de Michoacán y de las futuras generaciones, de acuerdo con el dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente.
En las consideraciones de la reforma se estableció que en las últimas décadas se ha dado una degradación alarmante de los ecosistemas como resultado de prácticas insostenibles y del impacto creciente del cambio climático, lo que ha derivado en una crisis ambiental que amenaza la seguridad hídrica, alimentaria y climática en México.
Barragán Vélez señaló que uno de los ejemplos más emblemáticos de esta problemática es el Lago de Pátzcuaro, un cuerpo de agua con valor histórico, cultural y ecológico que enfrenta un deterioro progresivo causado por la deforestación, la contaminación, la sedimentación y las variaciones en el clima.
El legislador expuso que a nivel nacional se estima que el 70 por ciento de los ríos y lagos presenta algún grado de contaminación y que más del 40 por ciento de los humedales se ha perdido en las últimas cinco décadas. “Esta realidad agrava la competencia por el agua, disminuye la resiliencia de las comunidades frente a sequías e inundaciones y pone en riesgo la salud pública, la economía y la estabilidad social”, sustentó.
Barragán Vélez agregó que la conservación y restauración de los ecosistemas hídricos debe asumirse como una tarea prioritaria mediante políticas integrales que incluyan reforestación, saneamiento, educación ambiental y participación ciudadana, destacando el papel decisivo de la sociedad civil y las comunidades locales como principales beneficiarias y actores estratégicos para su conservación.
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