Ciudad de México, 7 de enero de 2026.– La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció que a partir del 9 de enero de 2026 entrará en vigor la obligatoriedad de registrar todas las líneas de telefonía móvil en México. Esta disposición vincula directamente los servicios de comunicación con la Clave Única de Registro de Población (CURP) y una identificación oficial vigente para reducir el anonimato y fortalecer la seguridad en el sector de telecomunicaciones. La medida es aplicable para todas las líneas activas en territorio nacional, sin distinción entre los esquemas de prepago o pospago.
Los usuarios deberán presentar ante sus respectivos operadores la documentación correspondiente según su situación jurídica para regularizar su estatus. Las personas físicas requieren una identificación oficial con fotografía (INE o Pasaporte) y la CURP certificada por Renapo, mientras que las personas morales deberán presentar su RFC y los extranjeros su pasaporte o CURP temporal. La CRT precisó que la información personal será resguardada por cada operadora telefónica bajo la Ley Federal de Protección de Datos Personales y no se centralizará en un padrón gubernamental.
El calendario y las condiciones del proceso de regularización se establecen de la siguiente manera:
El registro masivo inicia oficialmente el 9 de enero de 2026, estableciendo el 29 de junio de 2026 como la fecha límite para completar la vinculación de las líneas existentes. A partir del 1 de julio de 2026, se procederá con la suspensión de los servicios de voz, datos y mensajes para aquellas líneas que no hayan cumplido con el trámite. Durante el periodo de restricción, los dispositivos afectados únicamente podrán realizar llamadas a números de emergencia y a las líneas de atención a clientes de sus operadoras para finalizar el registro.
Quedan exentos de esta obligación los dispositivos vinculados a tarjetas SIM que carezcan de capacidad técnica para realizar llamadas o enviar mensajes SMS, tales como localizadores GPS, medidores inteligentes y otros sistemas de Internet de las Cosas que operen exclusivamente con datos. Con esta disposición, el Gobierno de México busca un control más estricto sobre el uso de dispositivos móviles para combatir actividades ilícitas y garantizar la protección de los usuarios de servicios de telecomunicaciones.
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