Morelia, Michoacán, a 17 de diciembre de 2025.– La presidenta del Congreso del Estado, Giulianna Bugarini Torres, informó la aprobación de la reforma constitucional enviada por el Ejecutivo estatal para otorgar carácter constitucional al sistema Guardián Forestal. Según la legisladora, esta modificación legal establece la protección de los bosques como una obligación permanente y regula las operaciones inmobiliarias rurales bajo criterios de sustentabilidad ambiental.
Alcance de la reforma y control inmobiliario
De acuerdo con las especificaciones del proyecto aprobado:
- Certificación ambiental: Toda operación de compra, venta, comodato o regularización de predios deberá acreditar obligatoriamente su situación ambiental ante el Registro Público de la Propiedad.
- Vinculación tecnológica: El sistema Guardián Forestal estará enlazado directamente con los registros de propiedad para identificar cargas ambientales o antecedentes de deforestación.
- Objetivo: Combatir la irregularidad en predios rústicos y huertas agropecuarias, impidiendo la simulación en la tenencia de la tierra con fines de explotación ilegal.
Atribuciones del Estado y compromisos legales
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla señaló que Michoacán es la primera entidad del país en regular bienes inmuebles con base en el impacto ecológico. Por su parte, Giulianna Bugarini detalló las nuevas facultades institucionales derivadas de la reforma:
- Responsabilidad jurídica: Obligación del Estado para prevenir, investigar, sancionar y remediar daños ambientales.
- Marco programático: La reforma se alinea con los compromisos del Plan Morelos y el Plan Michoacán.
- Protección permanente: Al alcanzar rango constitucional, los mecanismos de vigilancia forestal deberán ser mantenidos por las administraciones gubernamentales subsecuentes.
Participación ciudadana y justicia ambiental
La reforma mandata que el desarrollo económico estatal debe orientarse bajo criterios de planeación económica y uso racional de los recursos. Bugarini Torres afirmó que con este marco jurídico se busca garantizar un entorno saludable para las futuras generaciones, otorgando a las autoridades las herramientas necesarias para enfrentar prácticas de deforestación asociadas a desarrollos inmobiliarios y actividades agropecuarias no autorizadas.
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