Morelia, Michoacán, 10 de diciembre de 2025.— El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Ocampo, presentó una iniciativa de reforma a seis leyes estatales con el propósito de obligar a todos los poderes públicos, organismos autónomos, ayuntamientos y entidades paraestatales a implementar protocolos de prevención y atención de la violencia, el acoso y el hostigamiento sexual por razones de género.
Alcance Integral de la Propuesta
La propuesta modifica:
- La Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.
- Las leyes orgánicas de la Administración Pública, los Ayuntamientos, el Congreso, el Poder Judicial y la de Entidades Paraestatales del Estado de Michoacán.
La reforma establece la obligación legal de crear, aplicar y actualizar un Protocolo homologado en cada institución.
“No basta con tener leyes que reconozcan los derechos de las mujeres si en la práctica no existen mecanismos reales para protegerlas. Esta reforma busca que cada espacio público en Michoacán sea seguro, justo y con cero tolerancia a la violencia de género”, expresó Ocampo.
Urgencia por el Aumento de la Violencia
El legislador señaló que, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los delitos de violencia familiar, abuso sexual, acoso y hostigamiento mantienen una tendencia al alza en el estado.
- Tan solo en 2024, Michoacán registró más de 14 mil carpetas de investigación por violencia familiar.
- Se registraron casi 400 por acoso u hostigamiento sexual.
Ocampo subrayó que, a pesar de los avances normativos, las dependencias gubernamentales y órganos del Estado aún carecen de protocolos claros, eficientes y con sanciones internas, lo que ha perpetuado la impunidad y la normalización de prácticas de violencia en los espacios laborales públicos.
Elementos del Protocolo
De aprobarse, cada dependencia deberá contar con:
- Definiciones precisas.
- Principios rectores de confidencialidad, no revictimización y debida diligencia.
- Mecanismos confidenciales de denuncia.
- Medidas cautelares inmediatas.
- Sanciones administrativas.
- Estrategias de difusión y capacitación permanente.
“Contar con un protocolo no es un trámite burocrático; es una garantía de justicia y dignidad para las mujeres que trabajan en el servicio público. Las instituciones deben predicar con el ejemplo: cero impunidad y cero silencio frente al acoso”, puntualizó el legislador. La reforma también armoniza el marco jurídico michoacano con los principios de la Convención de Belém do Pará, la CEDAW y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
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