Morelia, Michoacán, 18 de marzo de 2026. La diputada Grecia Aguilar Mercado, coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura Local, presentó una iniciativa de reforma para sancionar la omisión, el retraso injustificado y la negligencia de las autoridades en la atención de denuncias por violencia de género, con el objetivo de garantizar una atención efectiva y oportuna, informó el Congreso del Estado.
Durante su intervención en tribuna, la legisladora destacó que la propuesta surge de una alianza entre diputadas que, en el marco del Día Internacional de la Mujer, decidieron pasar de la conmemoración a la acción para atender una de las problemáticas más urgentes que enfrentan las mujeres en México y Michoacán.
Aguilar Mercado subrayó que la violencia contra las mujeres continúa siendo una realidad alarmante, al referir que más del 70 por ciento de ellas han vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mientras que diariamente más de 10 mujeres son asesinadas en el país, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Señaló que en Michoacán las cifras de homicidios de mujeres y denuncias por violencia familiar se mantienen constantes y en aumento.
Como parte de su posicionamiento, la diputada expuso el caso representativo de “María”, una mujer que tras denunciar violencia y solicitar apoyo institucional no recibió atención oportuna, lo que derivó en un desenlace fatal, evidenciando fallas en los mecanismos de respuesta y la urgencia de establecer responsabilidades claras.
La iniciativa propone establecer como falta administrativa grave la omisión, retraso injustificado o negligencia en la atención de denuncias, órdenes de protección o medidas relacionadas con violencia contra las mujeres. Además, en casos de feminicidio o desaparición con antecedentes de denuncia, se inicie de oficio una investigación administrativa para revisar la actuación de las autoridades.
Aguilar Mercado enfatizó que la propuesta no crea nuevos delitos ni vulnera el debido proceso, sino que busca cerrar vacíos legales, fortalecer a las instituciones y garantizar que ninguna denuncia sea ignorada, reiterando que cuando una mujer denuncia, el Estado tiene la obligación de responder con eficacia y responsabilidad.
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